29 agosto, 2011
Por EDGAR R. CONDE CARMONA
En una anécdota chusca para la política local resultó el enfrentamiento que sostuvieron el diputado Gregorio Cervantes Díaz y el auditor del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, Crispín Corona Gutiérrez.
Tras la escaramuza, en la que ambos contendientes midieron fuerzas, llegó el “carpetazo” que obsequiaron los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LX Legislatura a este caso que resulta preocupante, por las implicaciones políticas que representan.
No resulta fácil entender el mensaje que envia el Congreso del Estado a la sociedad en general con este dictamen en el que, por unanimidad de votos, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, dieron por concluido el caso de las acusaciones del diputado del Partido del Trabajo, Gregorio Cervantes Díaz, en contra del auditor del Órgano de Fiscalización Superior, Crispín Corona Gutiérrez.
Más allá de quién de los contendientes tuvo la razón en esta rencilla, queda en el aire la duda sobre el respeto irrestricto a la Ley que tienen los diputados pero sobre todo a si existió un proceso transparente por medio del cual se llegó al veredicto.
Tan fácil de comprobar lo anterior con el hecho de que, por “razones de atención en su distrito”, Gregorio Cervantes Díaz no asistió a la comparecencia de Corona Gutiérrez, pero los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización dejaron abierta la posibilidad de escucharlo, aún después de haber elaborado el dictamen.
¿Se emitió un veredicto sobre un proceso sin que estuviera una de las partes involucradas?, ¿se desechó de antemano la acusación de Cervantes Díaz, bajo qué principios? ¿No era esta una oportunidad para sentar a los contendientes a efecto de que aclararan el conflicto y llegaran a un acuerdo civilizado, dominado por el ejercicio político?
Lo anterior porque, en el recuento de esta historia, se encuentran varios puntos que no coinciden con los hechos dados a conocer la semana pasada.
Ya hace dos meses, La rueda del infortunio (www.indicemedia.com.mx, julio 17 de 2011) alertó sobre la descomposición que se observaba al interior del Congreso local; en esa ocasión se dijo: “lamentablemente recae en el Órgano de Fiscalización Superior, que en los últimos meses se ha mantenido en el ojo del huracán por los señalamientos hechos por diversos sectores políticos como ‘un garrote político’ del panismo y ante las acusaciones por opacidad”.
Pesa a la alerta dada a conocer en esa ocasión, el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, José Alejandro Aguilar López mencionó: “esta comparecencia nos deja satisfechos del auditor del Órgano de Fiscalización Superior y nosotros daremos el trámite correspondiente a la Junta de Coordinación. No podemos separarlo del cargo o se le interrumpan los suministros de recursos por parte del gobierno del estado; en fin, todo lo que nos pide el diputado Gregorio Cervantes para nosotros no procede” (El Sol de Tlaxcala, agosto 25 de 2011).
El motivo de la pugna se remite a que el diputado aludido, Gregorio Cervantes Díaz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) llamó “mentiroso e ignorante” (El Sol de Tlaxcala, Julio de 2011) al titular del Órgano de Fiscalización Superior porque proporcionó información falsa respecto a la situación financiera de la dependencia que encabeza.
Ya en el mes de julio, esta columna hacía énfasis en un posible efecto indeseable de este pleito: “Le haremos una invitación [a Cervantes Díaz] para modere sus calificativos… quiero pensar que sus declaraciones han sido por motivos de estados anímicos personales” (El Sol de Tlaxcala, julio de 2011), justificó un Héctor Martínez preocupado porque se saliera de control un tema como el que nos ocupa esta ocasión.
Desde el punto de vista de las evidencias, Cervantes Díaz no incurrió ni en delito ni en injurias. Máxime cuando el entonces dirigente del priísmo estatal, Ernesto García Sarmiento, acusó al OFS y a su titular de ser el brazo del panismo–orticismo (indicemedia.com.mx, julio de 2011).
En esa ocasión, García Sarmiento puntualizó: “el Órgano de Fiscalización Superior se ha vuelto el brazo represor del PAN. Es necesario poner orden ahí; pero en este momento no vamos a quitar al auditor por una iniciativa específica de nosotros. Esto vendrá de la misma sociedad, de los entes que supervisa porque lo hace mal y va con el garrote de por medio”.
Además, está lo dicho por el propio diputado presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización: “no queremos que se utilice al OFS como un arma política, sino que cumpla con sus obligaciones, con sus expectativas y cambiemos esa imagen de que cuando queremos exhibir a alguien se hace uso de él“, según palabras del presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, José Alejandro Aguilar López (El Sol de Tlaxcala, abril de 2011).
Al anunciar el carpetazo, los integrantes de la respectiva comisión no explicaron de ninguna manera cuáles fueron los argumentos con los que llegaron a su veredicto. Y en consecuencia, desecharon el cúmulo de evidencias que se han reunido en torno al OFS
Hace un mes, Cervantes Díaz puntualizó: “ahora sí es personal, porque él [Crispín Corona] es nuestro empleado y nos faltó al respeto con sus recientes declaraciones” (www.indicemedio.com.mx, julio de 2011).
“Existen registros que evidencian la actuación del OFS, donde se beneficia a funcionarios otorgándoles préstamos personales por más de 200 mil pesos, los cuales benefician a un coto de poder sacrificando los derechos del personal que sustenta la función del Órgano”, dijo Cervantes Díaz.
A manera de respuesta, Crispín Corona había acusado que el diputado local Gregorio Cervantes Díaz, ex tesorero del municipio de Apizaco, tenga una “animadversión motivada por los cinco procesos penales” que en su carácter de Auditor Superior, fincó contra el propio Cervantes Díaz y contra el alcalde Alex Ortiz Zamora.
Unas semanas antes de ello, este espacio cuestionaba al entonces dirigente del PRI en el estado, Ernesto García Sarmiento: “que el dirigente estatal del PRI nos diga a todos los tlaxcaltecas (porque esto es un asunto de interés general), por qué, si está claro que el OFS está amañado y es tendencioso, la fracción parlamentaria no ha metido en la agenda legislativa la reestructuración de todo el organismo, para dotar a la sociedad en general de certeza jurídica”.
Así, el carpetazo anunciado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado indica que más allá de realizar una exhaustiva y detallada investigación para deslindar responsabilidades, se tomó una decisión de carácter político que tendrá consecuencias en el corto y mediano plazos.
Sobre todo porque se evidencia que cualquier persona, con fuero o sin él, puede injuriar o acusar sin presentar pruebas, y no habrá sanción de ninguna especie. Y a eso no se le puede ver más que como una anécdota chusca de la política local.
© 2025 ÍNDICEMEDIA
