11 julio, 2011
* ¿Los cuerpos policíacos débiles o amafiados?
El hecho de que el sector productivo de Tlaxcala denuncie un incremento de delitos del fuero común en Tlaxcala, es una llamada de alerta sobre el endeble sistema estatal de seguridad pública que debe atender con urgencia el gobierno de Mariano González Zarur.
Urge que el gobierno de Tlaxcala nombre al secretario de Seguridad con extrema prontitud, pues de acuerdo con los datos que ofrece la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad, al cierre del mes pasado se registraron 550 robos en vehículos, 330 robos en casa habitación, 300 robos de automóviles y 130 asaltos a transeúntes.
Con las cifras expuestas por el organismo empresarial, el gobierno sufre en severo revés, dado que en poco más de un mes de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado permanece acéfala, los primeros paganos de esta inactividad somos los ciudadanos que día con día nos encontramos en un estado de indefensión creciente.
La postura asumida por la Coparmex refleja el grado de descomposición social en que nos sumimos todos los habitantes de la entidad, particularmente porque se trata de una dependencia de vital importancia para que los tlaxcaltecas tengamos una vida digna y cierta.
Si bien es cierto que el director de la SSPE, Valientín Romano fue removido del cargo ante las acusaciones de supuestos nexos con el crimen organizado, también es cierto que una de las medidas adoptadas por el ex titular de la dependencia fue de la de haber iniciado un programa de reuniones trimestrales para contar con una visión general sobre la seguridad en Tlaxcala.
Hoy la única certeza que tenemos los habitantes de Tlaxcala, es que se desconocen las estrategias que gobierno estatal realiza para disminuir el número de delitos del fuero común y que, en contrapunto, crece la desconfianza ciudadanía hacia uno de los pilares del gobierno.
Las cifras, demoledoras per se, forman parte de una serie de hechos que generan mayor temor entre los habitantes de todo el estado, como el amotinamiento de efectivos y su posterior remoción. Se suma a esta dinámica la desconfianza ciudadana sobre el alto porcentaje de aspirantes a pertenecer a la policía acreditable que no aprueban los exámenes de confianza.
La ciudadanía rechaza tajantemente que el tema de la Seguridad Pública se considere desde un punto de vista político, por lo que es inaplazable el nombramiento del Director de Seguridad Pública del Estado, a efecto de “que la desunión no contribuya a superar el desafío que genera la delincuencia” –como plantea la Coparmex–.
Hoy más que nunca se hace indispensable generar en la ciudadanía la certeza de que realmente las autoridades trabajan para solucionar los problemas más apremiantes de la ciudadanía y en este rubro se ubica la seguridad pública.
© 2026 ÍNDICEMEDIA
