11 julio, 2011
Por EDGAR R. CONDE CARMONA
Luciano Crispín Corona Gutiérrez tiene la idea de que los tlaxcaltecas somos estúpidos. De otra manera no habría sido capaz de responder, a pregunta expresa: “En proporcionar información he sido cuidadoso y hay situaciones de las que no tengo por qué estar informando”.
Desde el momento en que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) es un ente de interés público, por supuesto que está obligado a informar, especialmente cuando “no queremos que se utilice al OFS como un arma política, sino que cumpla con sus obligaciones, con sus expectativas y cambiemos esa imagen de que cuando queremos exhibir a alguien se hace uso de él“, según palabras del presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, José Alejandro Aguilar López (El Sol de Tlaxcala, abril de 2011).
El problema es que el titular del OFS confunde la rendición de cuentas con “revanchismo político”. Pero no se trata de ningún revanchismo, particularmente cuando, al interior del Congreso del Estado, el primero en darse cuenta de que dicho organismo fue utilizado como un instrumento de control y represión política, fue el propio diputado presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, por añadidura, compañero de partido del titular del OFS (La Jornada de Oriente, marzo de 2009), al señalar que “no queremos que el OFS sea usado para golpear. Lo que queremos es darle la certeza a los entes fiscalizables de que los vamos a escuchar y evitar este tipo de actitudes que muchas veces no ayudan en nada” (El Sol de Tlaxcala, abril de 2011).
Ante los cuestionamientos de que fue objeto el titular del OFS sobre la opacidad de dicho organismo –en una conferencia de medios que tuvo la semana pasada–, Corona Gutiérrez se negó a entregar a los medios de comunicación copias simples de los estados financieros de esa dependencia.
El punto, más allá de si Corona Gutiérrez solventó las observaciones que salieron a la luz pública sobre gastos excesivos en un corto lapso de tiempo –20 millones de pesos en tres meses–, se centra en una cuestión de carácter ético.
Así, el principal cuestionamiento que se le hace al titular del OFS no es saber si incumplió o no con trámites internos, sino que derivado de ellos, se muestre reacio a transparentar a la sociedad en general el desempeño de la instancia que dirige.
Por eso resulta soberbia la declaración de Luciano Crispín Corona Gutiérrez cuando declara, a manera de justificante, que “la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local es la única instancia que puede solicitar una revisión del manejo de los recursos del OFS”.
Al respecto Luciano Crispín Corona está mal informado, pues también la Gran Comisión del Congreso local está facultada, de acuerdo con lo que reza el artículo 45, en diferentes fracciones de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios: “Citar al Auditor de fiscalización superior para conocer en lo especifico algún informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública; evaluar si el Órgano de Fiscalización Superior cumple con las funciones que conforme a la Constitución y esta Ley le corresponden, y vigilar que los servidores públicos del Órgano de Fiscalización Superior se conduzcan en términos de lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones legales aplicables” (Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 2004).
Por otro lado, resulta temerario por parte del fiscalizador acusar que el diputado local Gregorio Cervantes Díaz, ex tesorero del municipio de Apizaco, tenga una “animadversión motivada por los cinco procesos penales” que en su carácter de Auditor Superior, fincó contra el propio Cervantes Díaz y contra el alcalde Alex Ortiz Zamora.
Qué fácil es para Corona Gutiérrez lanzar una declaración de esta envergadura, particularmente porque la propia Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala faculta a los diputados a vigilar y fiscalizar el manejo de los recursos públicos.
El artículo 43 señala: “Los Diputados deberán cumplir puntualmente sus deberes legislativos, de gestoría y representación, así como los de fiscalización y control del ingreso y gasto públicos, conforme lo determine la Ley Orgánica” (Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 2008).
Recuerda el titular del OFS que entre 2008 y 2009 –época en la Cervantes Guerrero fungió como tesorero de Apizaco– se registraron “situaciones irregulares” que fueron asentadas en diferentes averiguaciones previas, de las cuales dos –la 73/2010 y las 3381/2010– aún están en integración.
Más peligroso es que quien es responsable de la fiscalización sobre el manejo y aplicación de los dineros públicos, trate de politizar un asunto que la propia ley ordena explícitamente.
Se le olvidó, en esta regresión que tuvo el titular del OFS, que el resultado de las averiguaciones a las que apela, generó un auto de libertad, expedido en el mes de febrero pasado en el que se concluye que “no hay elementos para procesar, con las reservas de ley”. El auto de libertad concluye: “no se encuentran acreditados en su totalidad los elementos del cuerpo del delito PECULADO, pues como se ha visto los recursos […] que refiere el Órgano de Fiscalización Superior […] no fueron aplicados ilegalmente a causa distinta a que estuvieron destinados…”. Este auto de libertad, expedido a favor de Alex Ortiz Zamora demostró las inconsistencias con que se condujo el OFS.
Al respecto, este mismo espacio puntualizó: “Luego, la acusación contra Alex Ortiz nos deja una lectura: fue uno de varios ‘chivos expiatorios’ que se utilizaron para desviar la atención de la opinión pública de la verdadera dimensión que representan los daños patrimoniales contra las municipios de toda la entidad e incluso contra el Gobierno del Estado”.
“Esta misma interpretación hace factible la teoría de que el caso de Alex Ortiz, absuelto por una autoridad judicial, haya sido un cobro de facturas frente a ciertas indisciplinas asumidas al final de un sexenio. De otra manera no existe explicación lógica y coherente para un yerro de esta magnitud” (ÍNDICEMEDIA, febrero 2011).
Sólo en una cosa hay coincidencia con lo dicho por Corona Gutiérrez: “En especulaciones uno puede gastarse cualquier cantidad de papel y cualquier cantidad de saliva… si tiene pruebas, que las presente”.
La pregunta: ¿qué pruebas presenta para justificar su negativa de proporcionar copias simples de los estados financieros de esa dependencia?
Con ello queda completamente claro: la culpa es de quien lo hizo compadre.
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