18 julio, 2011
*Cinco policías dan su versión de los hechos.
*En aquel operativo del 24 julio, hubo excesos, declaran.
Por JAVIER CONDE
Han transcurrido 20 días desde que la Policía Federal, detuvo con violencia a 91 efectivos se seguridad pública estatal, quienes supuestamente incurrieron en el delito de coalición y la mayoría quedaron suspendidos, pero lo más desafortunado es que se sienten acosados por el gobierno de Mariano González Zarur.
Este semanario dialogó con cinco de los policías estatales que hoy se encuentran sin trabajo, con un proceso legal en su contra y además frustrados porque han encontrado un rechazo de los abogados que han consultado para su defensa penal y laboral. El mensaje ha sido claro, “no nos enfrentaremos con el Ejecutivo”.
Señalaron que su situación legal es incierta, pues la Procuraduría General Justicia de Estado (PGJE) apeló recientemente el auto de formal libertad que obtuvieron, después de que fueron detenidos en el operativo del pasado 24 de junio.
En ese caso, la identidad de los denunciantes se omite por obvias razones, pero lo cierto es que confesaron que tienen temor por su integridad física y laboral porque quedó comprobado que el gobierno tiene el poder para “cerrarnos las puertas”.
Como se recodará un batallón de 300 elementos de la PF tomó por asalto la Plaza de la Constitución de la capital, para aprehender a más de 80 efectivos de seguridad estatal, que desde días antes mantenían un plantón para exigir al gobierno de Mariano González, diversas demandas entre ellas incremento salarial.
Por separado, Juan N. señaló que durante el operativo fueron objeto de mal trato por parte de los federales, porque simplemente los incomunicaron, les robaron sus celulares y también algunos fueron golpeados antes de remitirlos al Centro de Readaptación Social (Cereso) de la capital del estado.
“Y sabe lo peor del asunto -le dice a este reportero- es que por lo menos cinco vehículos de nuestros compañeros resultaron con daños, luego de que los federales nos sacaron con lujo de violencia cuando estábamos durmiendo… y a parte de todo los quieren fabricar pruebas”.
Citó que los policías detenidos tuvieron que pagar una fianza de más de 10 mil pesos para poder obtener su libertad, una vez que “nos acusaron por el delito de coalición, aspecto que jamás tomamos las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, mucho menos violamos un reglamento”.
Cabe señalar que el Código Penal del Estado de Tlaxcala cita en su capítulo III, lo que es el delito de coalición. El artículo 184 señala lo siguiente:
“El delito de coalición lo cometen los funcionarios públicos, empleados, agentes o comisionados del gobierno que se unan o asocien para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender las funciones de los órganos del Gobierno”.
Asimismo, el artículo 185 señala que “quienes incurran en este delito se les impondrá de seis meses a dos años de prisión, multa de dos a veinte días de salario, destitución del cargo e inhabilitación para ejercer por cinco años”. El artículo 93 del Código Procesal Penal de Tlaxcala define como grave el delito de coalición.
“El rinoceronte”…
Alfonso N. exintegrante del comando “Lobo” o G.E.T.I (Grupo Especia Táctico y de Inteligencia) precisó que “los federales no sólo tomaron por asalto la Plaza de la Constitución sino también la propia Academia de Policía y otros módulos de vigilancia en diversos puntos de la capital tlaxcalteca para incomunicarnos”.
“Un grupo de elementos nos encontrábamos en el área de dormitorios cuando se escuchó un ruido en el portón de la secretaría. Vimos cuando entró ´El Rinoceronte´, aquel camión negro, portentoso que utilizan en los operativos cuando comenzaron gritar algunos compañeros que habían llegado los federales”.
Argumentó que en ningún momento estaban tomadas las instalaciones de la SSPE, porque incluso estaba en labores normales Andrés Avelino Castro García quien hasta hace unos días se desempeñó el cargo de director de la corporación, por lo que “negamos rotundamente que se hubieran suspendido funciones”.
Recordó que una vez que ingresaron los policías federales, nos señalaron que “estábamos detenidos y nos comenzaron poner contra la pared, posteriormente, nos pusieron las esposas, pero lo cierto es que ellos también estaban nerviosos, temblaban en el momento de someternos… pero eso sí sembraron terror”.
Delito menor: PGJE
Un día después del operativo, la propia procuradora General de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez declaró a la prensa que los policías habían sido detenidos por el delito de coalición y que todos ellos -excepto el agente Guadalupe Ballesteros- alcanzaban su libertad bajo fianza, porque era un delito menor.
Asimismo, el secretario de gobierno, Noé Rodríguez Roldán, explicó que se pidió el apoyo de la Policía Federal para restablecer el orden dentro dicha corporación y negó en todo momento que hubiera “cacería de brujas”.
Incluso, el responsable de la política interna acusó que dentro de este movimiento había personajes políticos, aspecto que nunca sustentó con nombres y apellidos.
Los funcionarios siempre destacaron la presencia de visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y pese a ello hay quejas por parte de los policías detenidos que hubo violación a sus garantías individuales, por lo que aún analizan si acudirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En este caso, Rosa N. relató que la PF “jamás nos remitió a la PGJE, sino al Centro de Readaptación Social (Cereso) de la capital del estado, y fuimos liberados un día después, luego de que pagamos nuestra fianza… a mí lo que me preocupa es que no tengo trabajo, no tengo dinero y a parte de todo tenemos un proceso penal”.
Los cinco coincidieron que no se trató de un movimiento partidista porque su causa era justa, pero terminaron por reconocer que hubo la intentona de políticos que trataron de generar otro tipo de clima, aspecto que “no permitimos y el gobierno actual debe comprobarle a la sociedad misma su respectiva participación”.
En este sentido, los policías suspendidos de sus labores tienen un futuro incierto. Uno de ellos, Jaime N. señaló que lleva más de diez años de servicio y su único oficio es ser policía.
“Lo peor del asunto es que si quiero ingresar a una empresa de seguridad privada o bien otro empleo me pedirán mi cartas de antecedentes no penales y recomendación, por lo que estoy preocupado porque una causa justa, nos llevó a otro escenario adverso del cual no hay salida inmediata”.
Del total de policías que buscábamos una mejora salarial, la mayoría “traicionó el movimiento y se quedó con el mejor postor y no es cierto que les están dando mejoras salariales muchos menos una buena comida como anunció el gobierno porque simplemente les están dando atole con el dedo y los tienen bajo el yugo del acoso laboral… el que no está conmigo está en mi contra, ese es el lema del gobernador actual”.
Pero todo indica que lo peor está por venir para los policías acusados del delito de coalición porque simplemente la PGJE ha integrado los elementos necesarios para que el juzgado respectivo determine la situación legal de los acusados.
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