13 junio, 2011
Por EDGAR R. CONDE CARMONA
edgarcondecarmona@indicemedia.com.mx
“Los anteriores diputados tuvieron que haber actuado: hubo omisiones y falta de acuerdos, ya que los ex alcaldes argumentan, en algunos casos, que no les dieron la oportunidad de defenderse y que, incluso, no les aceptaron sus cuentas”.
Así de clara, lapidaria, es la radiografía que presenta Alejandro Aguilar López, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, al dar a conocer que el incumplimiento y la demora en la entrega de las cuentas públicas del 2010 fue culpa de los diputados de la legislatura anterior.
Lo dicho por el legislador panista, corrobora lo que ÍNDICEMEDIA señaló en su editorial de la penúltima semana del 2010, “Con todo contra alcaldes”, en el que se dijo: “Las órdenes de aprehensión por ‘peculado y fraude’ en contra de los alcaldes de Apizaco, Alex Ortiz Zamora, y Calpulalpan, Antonio García Espejel, más que acción judicial parece un ‘escarmiento’ contra todos aquellos alcaldes que no han podido o no han querido sujetarse a las reglas establecidas por el Órgano de Fiscalización Superior, dependiente del Congreso del Estado”.
Alarma que en su declaración, el ex alcalde de Huamantla y ex diputado federal, acepte que sus antecesores no vigilaron que se cumpliera, como lo establece la ley, con el reporte de los estados financieros.
En aquel editorial ya se vaticinaba lo que hoy, Aguilar López corrobora: “No es posible que, de la noche a la mañana, sean sólo dos de los once municipios que presentaban severas y comprobadas irregularidades, los que paguen los platos rotos en una medida que, por lo visto, tiene intenciones de generar una cortina de humo alrededor de problemas mayores”.
La mayoría panista de la LIX Legislatura, de acuerdo con esta acusación, actuó no sólo de mala fe sino que violó las leyes, pues a decir del actual legislador local “los ex congresistas debieron haber vigilado el estricto cumplimiento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para no heredar estos asuntos a la actual legislatura”.
El problema que se debe resolver es ahora saber: ¿se llamará a comparecencia a los ex diputados?, ¿se aplicará la ley contra los que omitieron o los que violaron las leyes?, ¿la declaración de Aguilar López sólo es una estrategia para limpiar culpas?
En el editorial referido (diciembre 2010), se había dejado en claro que “es repudiable que a estas alturas se busquen ‘chivos expiatorios’ con los que se pretenda justificar un trabajo que ha dejado muchas dudas. En todo caso, quienes deberían asumir el trabajo de fiscalización son los propios diputados locales, quienes tienen en esa una de las tres responsabilidades que adquieren al asumir el cargo de legisladores”.
Con la declaración, Aguilar López desnuda una triste realidad: el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) sólo cumplió las órdenes de los legisladores. Con esto, también se corrobora la tesis que La rueda del infortunio presentó recién comenzado el actual sexenio: “A esto se suma la denuncia pública que hiciera a mitad de semana pasada el ex presidente de Huamantla, Eduardo Bretón Escamilla, en el sentido de que ‘no desmentí antes muchas falsas acusaciones, porque las condiciones imperantes, económicas y políticas no me eran favorables y porque no encontré en las esferas acusadoras o señaladas como tales la más mínima voluntad para que se dijera la verdad’, es el claro ejemplo de que por lo menos hasta hace una semana, la justicia en Tlaxcala se ejercía por consigna y como instrumento de control político”.
Lo peor de todo esto, es que a pesar de dejar en claro que en este momento los diputados no actúan con “complacencias”, la imagen social de los legisladores fue dañada irreversiblemente y más aún, la falta de confianza y credibilidad que adquirió el OFS es hoy un lastre que a los ojos de los tlaxcaltecas desarticula cualquier acción tendiente a transparentar el manejo de los recursos públicos.
En este sentido vale hacer notar que a pesar de que en las declaraciones Aguilar López asegura que la LX Legislatura procederá con mano dura en contra de los ayuntamientos vigentes que incumplan con la presentación oportuna de sus cuentas públicas, hoy quedan serias dudas para confiar en el OFS que ha sido evidenciado como un instrumento de control y represión política. El fantasma de que dicho organismo nuevamente se convierta en lo mismo, lo deja como un órgano parcial, inútil, inservible.
Se reproducen a continuación unos fragmentos íntegros de La rueda del infortunio de mediados de enero de este año que corroboran lo anteriormente expuesto:
“Bien es conocido por la misma opinión pública que al dar a conocer este documento, que exonera a Bretón Escamilla de supuestas irregularidades administrativas, alguien tuvo que mentir. Lo grave es que las mentiras, a pesar de que las acusaciones hechas contra el ex alcalde en los periodos 1995–1999 y 2005–2008 fueron falsas y carentes de sustento legal, e impidieron que el caso tuviera un seguimiento apegado a estricto derecho”.
“‘Dichas autoridades sólo aplicaron lo escrito en la ley que les convenía, pero nunca aplicaron las normas o procedimientos que los comprometían’, apunta en su carta el ex edil, a la sazón acusado de disponer recursos públicos y de no haber cubierto innumerables adeudos”.
“Quedan entonces algunas dudas que la autoridad competente debe aclarar con premura y claridad: ¿Por qué el Órgano de Fiscalización Superior no consideró la información completa proporcionada por el ex alcalde cuestionado?; ¿Por qué se permitió en la cuenta de Raúl Cervantes que no pagara los adeudos de la administración de Bretón Escamilla pero si tuviera los más de cinco millones de pesos que dejó Eduardo Bretón en los estados financieros?”
“Verdadero estupor causa saber que en el desplegado Eduardo Bretón dé a conocer que en la cuenta pública de Huamantla, correspondiente al mes de abril de 2010 (el último año de Raúl Cervantes) siguen figurando en las mismas cuentas bancarias saldos por más de cinco millones correspondientes a la administración 2005–2008. Y a pesar de ello, no se pagaron las pasivos derivados de la administración bretonista”.
“Las instancias encargadas de la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos, especialmente el Órgano de Fiscalización Superior deberán rendir cuentas sobre la manera en que permitieron este pequeño pero significativo desliz.
No es creíble que dichos recursos hayan pasado inadvertidos en el análisis de la cuenta pública de Huamantla a menos que…se haya dado instrucción específica para esconder esta información que afecta no sólo a quien fungió como alcalde, sino a decenas de proveedores que aún no cobran sus adeudos y de miles de huamantlecos que creyeron a una administración panista que únicamente buscó el revanchismo político, pero no solucionar los problemas del municipio”.
“Más aún, qué dirá el Órgano de Fiscalización Superior sobre los adeudos del orden de los 70 millones de pesos que podría tener el ayuntamiento de Huamantla, si ninguna de las tres cuentas públicas de la administración 2008–2011 fue aprobada y a pese a ello no hay anuncios, hasta ahora, de que se siga una investigación exhaustiva sobre el caso Huamantla”.
¿Y ahora, qué sigue?…
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