20 junio, 2011
Por EDGAR R. CONDE CARMONA
Es increíble que, a cinco meses de experiencia en el cargo, los subordinados vayan contra los lineamientos de su jefe. Más increíble es que mientras en su toma de protesta, Mariano González Zarur haya tronado contra su predecesor en un discurso incendiario; a cinco meses de ese hecho, hoy el mandatario estatal sugiera que sea “tiempo de trabajar en paz”.
Increíble resulta que hoy (junio de 2011), tengan más argumentos los panistas que le cubren las espaldas a Héctor Ortiz Ortiz, que los funcionarios que han ido destapando la cloaca y se han tenido que tragar sus palabras, en acusaciones infandas o carentes de elemento.
De qué sirve que el Secretario de Finanzas (Sefin), Ricardo García Portilla, revele a estas alturas que el actual gobierno del estado haya heredado de la administración anterior una deuda oculta de más de mil millones de pesos, si no se va a ejercitar acción penal contra el o los responsables de un quebranto de esta envergadura.
Qué caso tiene el anuncio del funcionario estatal de “emprender medidas de austeridad para revertir la situación por lo que atravesaban las finanzas locales”, si el daño patrimonial es tan grande que ese déficit impedirá, en el corto y mediano plazos, alcanzar las tan ansiadas y cacareadas metas, prometidas por el jefe de Ejecutivo tlaxcalteca.
Para qué queremos saber los tlaxcaltecas que las actuales autoridades ya tienen “identificada” esa deuda, si no se realizan las medidas adecuadas para que los responsables de la anterior administración se presenten a rendir cuentas y a explicar por qué se llegó a ese déficit y, principalmente, por qué no se enteró con oportunidad a la nueva administración de estas deudas.
Cuál es el caso por el cual, los secretarios de gobierno se han cansado de gritar a los cuatro vientos todas las irregularidades que detectaron en sus respetivas áreas, pero solamente las gritaron, aunque en ningún caso nadie se atrevió a presentar una denuncia forma a pesar de contar con elementos contundentes para encarcelar a más de uno.
Tiene razón la tesis que presenta José Vicente Sáiz Tejero, en su columna “Tiempos de democracia”, en la que a estas alturas y frente a un proceso electoral que se antoja trascendental para el priísmo nacional, cambie la estrategia del gobierno estatal frente a estas irregularidades.
De otra manera, plantea el politólogo: “Al no concretarse judicialmente las culpas atribuidas a funcionarios del régimen precedente, la fallida táctica podría convertirse en ‘un disparo en el pie’ de su ejecutor”,
Desde esta perspectiva, entonces se antoja contradictorio que en un foro regional, con impacto nacional, el secretario de Finanzas se haya aventura a continuar con esta maniobra de responsabilizar a la anterior administración de los desaciertos propios.
Y tan obvia es esta estrategia, que hasta el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) se percató de la intención y enseguida salió al quite a señalar que el anuncio de García Portilla es “sólo una cortina de humo para justificar la inacción en que se encuentran algunos sectores del gobierno estatal”.
Resulta lamentable que a estas alturas se ponga en riesgo el crecimiento y la estabilidad del estado a cambio de un proceso electoral. Baste ver lo que dice José Vicente Sáiz Tejero:
“Las aguas de la política mexicana se están agitando más que en ningún otro momento […]. No sé a quién pueda convenir que la mar esté picada, pero sí sé –y Mariano también– a quién no le conviene. Que en las actuales circunstancias se hagan olas perjudica a Enrique Peña Nieto quien, de cara al 2012, y de acuerdo con las encuestas tiene una gran ventaja sobre sus competidores”.
Lo dicho por el intelectual es compartido por el dirigente estatal del blanquiazul, quien con otros conceptos tiene la misma idea: “que revisen a varios de los estados y encontrarán realmente deudas como la de Veracruz o la del Estado de México que superan en millones y millones a la que aquí se está presentando”.
Quien de plano perdió piso, porque lamentablemente pierde su carácter de representante popular y se convierte, de motu propio, en testaferro del orticismo, es el diputado Alejandro Aguilar López, quien se sube al ring para calificar como “fuera de lugar y distraída” la observación del secretario de Finanzas.
“Esta fue más bien una situación mediática… hay una deuda de más de mil millones de pesos, pero cuánto quedó en bancos, cuánto en activos; esa es la parte que faltó decir”, dice el empresario huamantleco quien se quitó el traje de Diputado, para ponerse la playera de agorero del orticismo.
El problema estriba en que un diputado falta a su responsabilidad de representante del poder Legislativo y se convierte en defensor (al parecer de oficio) del poder Ejecutivo (aunque ya haya concluido su periodo constitucional); en breve, es ofensivo para el pueblo de Tlaxcala que un legislador local aviente por la borda los intereses de todo un pueblo, de los miles que dice representar, y se avoque a defender a uno, que por añadidura fue su jefe.
Lo preocupante, más allá de las filias y fobias partidistas, es el hecho de que en su declaración, el congresista tuviera la información y hubiera actuado contra su función de Fiscalizador del manejo de los recursos públicos. Es decir, supo y se calló. Ahí está su dicho: “la deuda hereda por el gobierno panista en realidad no supera ‘ni la cuarta parte’”.
Como quiera que sea; urge que el gobierno de Mariano González defina con claridad qué rumbo tomará su gobierno, y por otro, que cada uno de los actores sociales y políticos involucrados con esta preocupación, asuma su responsabilidad con madurez y sentido común.
De otra manera, estimado lector, prepárese a vivir otros seis años de “pan con lo mismo”.
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