27 junio, 2011
*Este sábado 87 policías obtuvieron su libertad bajo fianza.
*Sólo Guadalupe Ballesteros, uno de los líderes permanecerá en prisión
* EL CISEN colaboró para restablecer el orden
Por JAVIER CONDE
Con la autorización del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna ingresaron 300 policías federales a la Plaza de la Constitución la madrugada del viernes 24 de junio. Su intrusión fue sigilosa al grado que ninguno de los policías estatales sumergidos en la rebeldía notó su presencia.
Basados en la propia Ley de la Policía Federal promulgada por el Congreso de la Unión en 2009 que señala en su artículo dos que este es un órgano administrativo facultado para salvaguardar la integridad, la seguridad y preservar las libertades, el orden y la paz, los efectivos implementaron un operativo “sorpresa”.
Sobre la plancha del zócalo capitalino había unos cien elementos de seguridad pública que emprendieron días antes una serie de manifestaciones para exigir al gobierno de Mariano González peticiones de carácter económico, político y policial, las cuales simplemente han navegado en el fracaso.
La decisión del mandatario estatal de solicitar la presencia de las fuerzas federales según obedeció a que el movimiento de los policías inconformes había tomado un tinte “político-partidista”. Justificó dicho testimonio ante las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública Federal, reveló una fuente.
Además, señaló que el Ejecutivo Estatal sustentó que los policías estatales mantenían en su poder las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y por supuesto argumentó que temía a que hicieran uso del propio armamento para otro fin.
Agregó que la respuesta de ambas dependencias no tardó más allá de 72 horas para que la presencia de la PF llegara a Tlaxcala. En siete autobuses color blanco, doce patrullas y un helicóptero los policías federales llegaron a Tlaxcala para colaborar en el restablecimiento del orden dentro de esa corporación.
Coadyuvo el CISEN
La noche del operativo, según cuentan testigos presenciales, los efectivos de seguridad tenían plenamente detectado -con la ayuda el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)- cuántos policías estaban plantados frente a Palacio de Gobierno y cuántos más pernoctaban en vehículos de su propiedad.
Pasada la media noche, se daba luz verde al operativo. Todo el primer cuadro la capital del estado era un “bunker” de la Policía Federal. Los manifestantes estaban sitiados. No había salida alguna para emprender la huída. Los accesos a las avenidas Juárez, Lira y Ortega, Porfirio Díaz y Allende estaban cerrados.
El movimiento de parroquianos era notable como notable era la presencia de los efectivos de seguridad federal. En punto de las 12:15 horas, un comandante de esa corporación ordenó poner en marcha la aprehensión de los quejosos.
Justó ahí iniciaban los diez minutos de violencia. Los gritos de un lado y de otro se comenzaban a escuchar, por lo que los efectivos federales hicieron uso de toletes, escudos para desactivar al grupo de policías que intercambió golpes con sus homólogos, sin embargo, no lograron superarlos.
En las bateas de las camionetas Lobo marca Ford, fueron trepados 91 elementos policiacos y fueron llevados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), entre ellos, Guadalupe Ballesteros uno de los líderes del grupo quien enfrenta denuncias penales por el delito de robo y coalición.
A un costado de Palacio de Gobierno quedaban por lo menos cinco vehículos propiedad de policías estatales con los vidrios rotos, con signos de sangre, con credenciales sobre los asientos y desde luego algunas pertenencias. Diez horas después fueron retirados del lugar con grúas.
La primera vez
En un hecho sin precedentes en la vida política y social del estado, esta es la primera vez que la Policía Federal ingresaba de esta forma a Tlaxcala y desde luego retomaba el control de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Restablecía el orden dentro de dicha dependencia.
La esposa de un policía relató a este reportero que cerca de las 12:20 horas, recibió una llamada. Con voz solloza señalaba que era la voz de su marido quien le decía que lo llevaban detenido. Sin embargo, decía que hasta las 15:00 horas del viernes desconocía el paradero de su cónyuge.
La mujer quien pidió la gracia del anonimato, pero cuya identidad obra en poder de este semanario argumentó que su esposo fue aprehendido por motivos políticos y agregó que recurriría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH) para levantar una queja por los excesos cometidos.
Asimismo, un policía temeroso comentó 15 horas después del ingreso de los federales que temen por su empleo e incluso hasta por su integridad física, luego de que encontraran a un policía muerto el pasado jueves en el municipio de Panotla. “No quiero relacionar el hecho pero el miedo anda en burro”, remarcó.
Indicó que por ese mismo temor dejará el movimiento justo que iniciaron –según él- para lograr demandas laborales. El entrevistado que también pidió omitir su identidad dijo “ya comprobé que con el gobierno las cosas no son fáciles, así es que mejor me pongo a trabajar, sino lo hago seguro me va a ir mal”.
No obstante, el secretario de gobierno Noé Rodríguez Roldán sostuvo ante reporteros que el gobierno de González Zarur, no es represor y que sólo buscó el restablecimiento dentro de esa corporación no sin antes remarcar que en el pasado se arreglaban las cosas a base de componendas.
Incluso, no aclaró debidamente si las fuerzas federales se harían cargo en su totalidad de la seguridad pública o bien vendrían como apoyo en las tareas de seguridad junto con la policía estatal, lo que ocasionó que los reporteros precisamente informarán lo que quisieran.
También dio a conocer que ahí tres civiles fueron arrestados debido a que estaban en el lugar de los hechos y uno de ellos era precisamente el hijo de Lincoln Rodríguez, exfuncionario en el gobierno del Héctor Ortiz y abogado-defensor de los policías inconformes.
Liberados
Este sábado, un total de 87 policías estatales fueron liberados luego del pago de la fianza que fijó el Juez Primero de Distrito de lo Penal de Guridi y Alcocer, quien consideró que el delito de coalición por el cual fueron acusados no era grave esto dentro de la Averiguación 80/2011 que levantó la PGJE.
De los tres civiles fueron liberados horas después de la procuraduría, una vez que se comprobara que no tuvieron participación alguna dentro del operativo que realizaron las fuerzas federales en el centro de Tlaxcala.
Y sólo quedó en prisión Guadalupe Ballesteros Arellano, uno de los líderes del grupo de inconformes, pues enfrenta una denuncia penal por el delito de supuesto robo y quien durante la semana pasada acusó que se le pretendía apresar políticamente por parte de la administración marianista.
No obstante, el secretario de gobierno, negó los hechos y señaló que precisamente en el pasado se dio una “gobernabilidad aparente” y que por estas circunstancias se hacían arreglos poco claros con tal de mantener todo en tranquilidad y dejó claro que en este gobierno no habrá acuerdos en lo “oscurito”.
Pero lo cierto, es que el asalto en la Plaza de la Constitución dejó un precedente de todo aquel que quiera pasar por alto el Estado de Derecho, estará destinado a que reciba el yugo del gobierno del estado, quien se vio rebasado por un grupo de policías inconformes que hoy andan temerosos por su trabajo y por su integridad.
© 2025 ÍNDICEMEDIA
