30 mayo, 2011
Por EDGAR R. CONDE CARMONA
“Aunque no tenemos antecedentes de organizaciones criminales, ya nos han causado problemas de tipo social y para actuar nos ponen entre la espada y la pared” (Orlando Santacruz Carreño, presidente municipal de Apizaco).
En uno de los primero números de esta revista digital, se abordó la necesidad de actualizar las leyes que permitieran proteger a la ciudadanía ante el incremento de personas centroamericanas deambulando sin preocupaciones por las céntricas calles de las ciudades más importantes de la entidad, como Apizaco y Huamantla.
En esa ocasión, la reflexión se sustentaba en la tesis de que injusta o no (al menos para los miles de migrantes mexicanos que cada año se van a los Estados Unidos) la tan criticada ley SB1070, promovida por el gobierno de Arizona, era una respuesta con la cual se atendió la seguridad que los habitantes de ese estado norteamericano reclamaban a sus gobernantes.
Hoy, el alcalde apizaquense, advierte sobre la Ley de Migrantes: “es una norma que debe ser revisada más a fondo, trae beneficios (sic), pero no se pensó en municipios como Apizaco [o Huamantla, o Calpulalpan], un lugar bien marcado como lugar de descenso y atractivo para el crimen organizado, creo que las modificaciones serán por entidad”.
En efecto, lo que plantea el munícipe Santacruz Carreño es un tema que no puede, no debe ser pasado por alto por los integrantes de la LX Legislatura local, quienes tienen en sus manos la oportunidad de generar una dinámica a favor del federalismo y a su vez poner el ejemplo sobre la materia.
Y es que no se trata de caer en el prejuicio de que todos los inmigrantes indocumentados que se encuentren en territorio nacional sean delincuentes. No. Muchos de ellos, huyen de sus países, como cientos de miles mexicanos, porque en sus naciones no encontraron las oportunidades necesarias para tener una vida decorosa, digna.
No se trata de una cacería sin ton ni son. Por el contrario, hoy más que nunca se hace urgente brindar garantías humanitarias a los miles de hermanos centroamericanos que cruzan por nuestro territorio en busca del famoso “american way of life”. Los ejemplos han sido terribles y evidentes: decenas que aparecen muertos en cajas de trailers porque los “polleros” los abandonaron en el desierto o (peor aún) decenas de extranjeros que fueron entregados a las mafias del crimen organizado para secuestrarlos o engrosar las filas de la delincuencia.
Amén de los miles que anualmente tiene que regresar, en el mejor de los casos, mutilados porque al quedarse dormidos sobre el tren en movimiento sufrieron graves accidentes o de los cientos que dejan su vida cercenados por las ruedas de acero.
Y es en eso en lo que los legisladores tienen que trabajar. No nos corresponde enjuiciar a quienes buscan la oportunidad de ganar dinero honrado y bien ganado para mantener a sus familias. Pero lo más coherente, en estos momentos, puede ser una legislación que considere a los migrantes (que están de paso por territorio tlaxcalteca), como seres sujetos de derechos, pero, sobre todo de obligaciones.
De esta manera, se puede revertir el estigma de que todo centroamericano es “mara salvatrucha” y generar incluso un banco de datos con el cual las autoridades de inmigración puedan enfrentar contingencias como la que reciente conocimos a través de la prensa nacional, en el sentido de que un numeroso grupo de “ilegales centroamericanos”, fue entregado al crimen organizado: sólo dos o tres se salvaron, mientras que el resto perdió la vida en el intento de tener una mejor vida.
“No queremos que esto pase en Apizaco, pero no tenemos la respuesta para ayudar a tantos miles que pasan todos los días, pero principalmente el fin de semana, se ha convertido en un fenómeno social” Y la respuesta a este problema está únicamente en los diputados locales que pueden hacer los esfuerzos necesarios para generar una ley particular y garantizar a la población y a los propios migrantes, la seguridad que se merecen en sus personas y sus propiedades.
Lo dicho por el mandatario del municipio tlaxcalteca, pone el dedo en la llaga: “La Ley protege sus derechos, pero ya tenemos problemas, muchos de ellos se quedan en Tlaxcala y la pregunta es: ¿cómo le vamos a hacer para que durante su estancia les demos empleo, alimento, refugio?
La primera opción, además de abordarlos de manera pública, puede tener una solución si se organiza una reunión de los alcaldes de los municipios donde se registre este fenómeno, y de manera colegiada, presenten ante el Congreso local una propuesta de legislación con la cual se atienda a este problema.
La segunda opción, es seguir mirando el problema como lejano y esperar que las consecuencias naturales de la falta de atención se ciernan sobre las vidas y propiedades de los habitantes mexicanos (por ende tlaxcaltecas) que lamentemos con el paso de los años.
Estamos a tiempo, pero las propias evidencias demuestran que no aprendemos a prevenir y que seguimos con la cultura de corregir. Pero corregir, será, como reza la conseja popular: “tapar el pozo, luego del niño ahogado”.
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