28 febrero, 2011
*La CNDH solicita al gobierno de Tlaxcala, evitar secuestro de indocumentados
* La PGJ, dice que no tiene documentado ningún caso
Por JAVIER CONDE
Al tiempo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH reveló que en Tlaxcala tiene un alto índice de delitos sin denunciar, por la falta de credibilidad en sus autoridades ministeriales y judiciales, este organismo solicitó oficialmente al gobierno de Tlaxcala, que se redoblen acciones para evitar el secuestro de migrantes.
En el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México que dio a conocer la semana pasada el ombudsman nacional, Raúl Plascencia destaca que el 14 de septiembre de 2010, se firmó un acuerdo para exhortar a la Policía Federal y al Instituto Nacional de Migración a diseñar acciones de protección a favor de migrantes.
Señala que tal acuerdo también se convino con los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Sonora, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Tlaxcala, Chihuahua y el Distrito Federal.
Lo anterior -dice- para establecer por conducto de los secretarios de Seguridad Pública, mayores acciones de vigilancia de manera en zonas que constituyen rutas para los migrantes, particularmente en las carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos marítimos, en puntos de revisión y control migratorio, para abatir el secuestro.
Asimismo, se solicitó que, en el marco de las facultades y atribuciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se realizara la revisión y actualización de las políticas integrales y de programas, así como en el combate a las bandas de secuestradores de migrantes, explica.
“La cifra negra”…
De acuerdo con la organización “México Evalúa”, sólo 22% de los delitos se reportan a las autoridades y únicamente en 15% de los casos se inicia una averiguación previa. En consideración de esta organización la “cifra negra” en nuestro país, oscila entre el 85% y el 90%.
Según este estudio, los estados de Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Distrito Federal y Tlaxcala están entre las entidades federativas con el mayor índice de delitos sin denunciar.
El estudio en cita, correspondiente hasta el 2010, considera que la falta de denuncia por parte de los ciudadanos, se debe a la falta de interés o baja expectativa respecto de las probabilidades de esclarecimiento del ilícito.
A las razones anteriores deben agregarse las que llevan al migrante indocumentado a no denunciar, dada su especial situación de vulnerabilidad, pues, como se precisó anteriormente, viajan en medios de transporte de alto riesgo, transitan por lugares solitarios, pernoctan en sitios abiertos, evitan el contacto con las autoridades, desconocen sus derechos.
Además, de que se encuentran lejos de sus entornos de protección, no saben a quién acudir en caso de necesidad y desconocen las leyes del país, refiere el informe.
De acuerdo con el informe presentado por la CNDH, señala que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE), le reportó dentro del periodo de enero de 2008 a agosto de 2009, que no tenía datos al respecto, ya que no conocía la naturaleza o condición migratoria de las víctimas de secuestro.
Y dentro de las averiguaciones previas iniciadas en el fuero común por secuestros en general, confrontado con los secuestros donde las víctimas son migrantes, según datos reportados por diferentes instancias la CNDH precisa que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró el caso de tres migrantes secuestrado en Tlaxcala en 2009.
En materia de protección al migrante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003, solicitada por México y apoyada por 30 países, sobre la condición jurídica y derechos humanos de los migrantes indocumentados, estableció la obligación de respetar y garantizar a los migrantes.
Con ese propósito llamó a los Estados a adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, así como a suprimir medidas y prácticas que restrinjan o vulneren sus derechos.
Esta obligación vincula a los estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive del estatus migratorio de las personas, subraya la CNDH.
En el marco de colaboración
El 31 de agosto de 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos suscribió el Convenio marco de colaboración para la prevención y combate al secuestro de migrantes, con la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Migración.
En esa ocasión, la CNDH informó que en el periodo comprendido entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, tuvo conocimiento de 198 casos de secuestro en los que se privó de su libertad a 9 mil 758 migrantes.
Asimismo, se documentó que en el sur del país fueron secuestrados el 55% de las víctimas; en el norte, el 11.8%; en el centro el 1.2%, mientras que no fue posible precisar el lugar en el que fueron secuestradas el 32% de las víctimas.
Aunado a lo anterior, a principios del 2010, esta CNDH realizó un sondeo basado en la información con la que cuentan sus oficinas regionales, que arrojó, tan sólo durante el mes de agosto de 2009, un total de 1 mil 211 migrantes víctimas de secuestro.
Ante este escenario, se intensificaron las visitas de trabajo a las estaciones migratorias, albergues y casas de atención, así como a lugares de alta concentración de migrantes en el país, a fin de identificar y atender a las víctimas de ese delito.
La solicitud de información consistió en la aportación de datos sobre los programas implementados para la prevención y combate al delito, así como para la asistencia a las víctimas, en el periodo de junio de 2009 a junio de 2010.
Se solicitó -dice la institución- a las procuradurías, tanto a la General de la República como a las generales de justicia de los estados, informaran acerca de las averiguaciones previas iniciadas por el delito de secuestro en perjuicio de migrantes.
PGJE, sin conocimiento
De acuerdo con el informe presentado por la CNDH, señala que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE), le reportó dentro del periodo de enero de 2008 a agosto de 2009, que no tenía datos al respecto, ya que no conocía la naturaleza o condición migratoria de las víctimas de secuestro.
En un periodo de seis meses, de abril a septiembre de 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó un total de 214 eventos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigos de hechos, resultaron 11 mil 333 víctimas.
Señala la CNDH que esta cifra refleja que no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices del secuestro en perjuicio de la población migrante.
Respecto de la nacionalidad de las víctimas y testigos que brindaron su testimonio que en el 44.3% de los casos, se trata de hondureños, en 16.2% de salvadoreños, en 11.2% de guatemaltecos, en 10.6% de mexicanos, en 5% de cubanos, en 4.4% de nicaragüenses, en 1.6% de colombianos y en 0.5% de ecuatorianos.
Del total de testimonios recabados, el 15.7% corresponde a experiencias narradas por mujeres migrantes, señala la institución no gubernamental.
Por lo que hace a las regiones en donde se presentaron eventos de secuestro de migrantes, según las evidencias recabadas, 67.4% de los eventos sucedieron en el sureste, 29.2% en el norte y 2.2% en el centro del país. En el resto de los eventos no se especifica la región.
Los estados en que se presentó el mayor número de eventos de secuestro, de acuerdo con los testimonios ofrecidos por víctimas y testigos, son Veracruz, seguido de los estados de Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.
Un caso documentado
El agente del Ministerio Público de la Federación consignó ante el Juzgado Primero de lo Penal la averiguación previa PGR/TLAX—V/239/2010, contra José Pedro Méndez Contreras, alias “El Tío”; Ezequiel Páez Medina, alias “El Buki” y a Héctor López Toriz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la Ley General de Población.
De acuerdo con el expediente, una persona de origen hondureño, que se encontraba en el municipio de San Pablo del Monte, solicitó el apoyo de la Policía Federal, debido a que había logrado escapar de una bodega donde, según expresó, presuntamente lo habían retenido durante 12 días, por lo que los efectivos federales le solicitaron ubicara el lugar donde había estado.
Al trasladarse a la calle cerrada 18 de marzo, del barrio de San Bartolomé, en el municipio antes referido, se observó el movimiento de dos vehículos saliendo de la entrada principal de lo que parecía una bodega, conducidos por dos personas del sexo masculino quienes fueron señalados por Mareira Salgado.
Por lo tanto, se procedió a asegurar a José Pedro Méndez Contreras y a Ezequiel Páez Medina, mientras que a López Tóriz fue localizado en el fondo de una barranca cerca de la bodega, debido a que intentó darse a la fuga pero no pudo huir porque se había fracturado un pie. Esto sucedió en el mes de abril del año pasado.
En consecuencia, Méndez Contreras, Páez Medina y López Tóriz fueron puestos a disposición del agente del MPF y al desarrollarse las pesquisas correspondientes, se determinó la responsabilidad de los ahora inculpados por el delito de violación a la Ley General de Población.
Lo anterior, debido a que presuntamente realizaban negociaciones para trasladar a las personas a los Estados Unidos, pero las retenían y pedían dinero a sus familiares para dejarlos ir. Por tal motivo, se consignó la averiguación previa antes referida trasladándolos al Centro de Readaptación Social de la ciudad de Tlaxcala.
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